Templo Filadelfia: el Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín dictó condenas de hasta 24 años por explotación laboral y servidumbre

El Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín condenó a 27 personas y fijó reparaciones por $2.170.467.831,20 para las víctimas de la organización que funcionó bajo el nombre Templo Filadelfia, en una causa en la que se investigó un esquema de explotación laboral y reducción a la servidumbre sostenido durante casi cinco décadas. Según consta en el expediente, el hecho ocurrió al menos desde 1972 y se extendió hasta el 1° de diciembre de 2020, con sede principal en la localidad de San Justo, partido de La Matanza.

La pena más alta recayó sobre Eva Petrona Pereyra, a quien el tribunal consideró jefa u organizadora de la asociación ilícita y coautora de los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada. También resultó condenada por su participación necesaria en hechos vinculados a la supresión de identidad, sustracción y retención de un menor y falsedad ideológica de documento público. La magistratura le impuso 24 años de prisión.

Las condenas y las absoluciones parciales

Rigoberto Ismael Mora Bogado recibió 21 años de pena y otros siete acusados fueron condenados a 18 años, en coincidencias con los montos solicitados por el fiscal general Alberto Gentili. En los casos de Víctor Abraham Ayunta y Damaris Fernanda Sabich, la condena quedó limitada a la participación en la asociación ilícita, con absoluciones por trata agravada y reducción a la servidumbre.

La carátula de la causa incluyó asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación laboral agravada, reducción a la servidumbre y, en algunos casos, delitos contra la integridad sexual y el estado civil de las personas. Durante el debate, Gentili describió un sistema de sometimiento que combinaba trabajo explotado, aislamiento, vigilancia, sanciones y restricciones sobre los vínculos personales y la vida afectiva de las víctimas.

• Reparaciones por $2.170.467.831,20 para 27 víctimas.
• Decomiso de 46 inmuebles en Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba, Tucumán y Río Negro.
• Decomiso de 12 vehículos y del dinero secuestrado en pesos y moneda extranjera.
• Subasta de otros 15 automotores, medida ya dispuesta durante la instrucción.
• Declaración de prescripción de hechos que perjudicaron a nueve personas y de una acusación por abuso sexual contra Pereyra.

El fallo incorporó, además, medidas patrimoniales de alcance federal y ordenó avanzar con la subasta de otros quince automotores que habían sido secuestrados en la etapa de instrucción. La magnitud de los decomisos solicitados da cuenta de la extensión territorial de la estructura, que contaba con anexos en otras provincias y en Paraguay y Brasil.

El estado procesal

La sentencia del Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín se encuentra firme en lo que respecta a la declaración de responsabilidad penal de los 27 imputados y al establecimiento de las reparaciones civiles. Resta la ejecución de las medidas patrimoniales ordenadas, entre ellas la subasta de los vehículos y la disposición final de los inmuebles decomisados, así como la liquidación y entrega de los montos fijados a las víctimas.