Salud mental en alerta: la demanda que desbordó las guardias y obliga a repensar la ley

Son las nueve de la mañana y en la guardia del Hospital Interzonal ya hay una fila que serpentea por el pasillo. Mariana tiene 47 años y acompaña a su hija de dieciséis, que espera ser atendida por una crisis de ansiedad que no cede desde hace días. "Acá en el barrio todos conocemos a alguien que está pasando por algo así", dice, mientras acomoda la mochila con las pertenencias de la chica. "Antes era una excepción; hoy es la regla". Esa escena, multiplicada por miles en cada rincón del país, es la postal que resume un diagnóstico que ya no admite paños tibios: la salud mental en Argentina atraviesa un momento crítico, con un crecimiento de la demanda que el sistema público apenas logra sostener.

Las cifras son elocuentes y preocupan en igual medida. De acuerdo con un relevamiento federal coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, las consultas ambulatorias por problemas de salud mental crecieron 23% en el último año, mientras que las internaciones se incrementaron 42% entre 2023 y 2026, con un salto adicional del 12% solo en los últimos doce meses. Los datos fueron aportados por las máximas autoridades sanitarias de catorce provincias: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, que en conjunto representan más del 70% de la población argentina. También participaron del encuentro Entre Ríos y Río Negro, en lo que constituye la foto más completa del problema que se haya difundido hasta ahora.

Quiénes golpean las puertas del sistema

El informe registra una mayor demanda de atención de niñas, niños y adolescentes, un dato que golpea de lleno en la vida cotidiana de las familias y en el funcionamiento de las escuelas. A eso se suma otro fenómeno que toca de cerca a los bolsillos de los argentinos: muchas personas perdieron la cobertura de obras sociales o prepagas, principalmente tras los ajustes de precios y la pérdida de empleo, y terminaron recalando en el sistema público. En la provincia de Buenos Aires, el 30% de las consultas en las guardias hospitalarias ya corresponde a problemas de salud mental, lo que da cuenta de cuánto se reconfiguró el mapa de la atención.

“Acá en el barrio todos conocemos a alguien que está pasando por algo así. Antes era una excepción; hoy es la regla.”Mariana, 47 años, acompañando a su hija en la guardia del Hospital Interzonal

Entre 2021 y 2026, las provincias incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales, y trece de las catorce jurisdicciones relevadas ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos específicos para el abordaje de consumos problemáticos. Sin embargo, las propias autoridades provinciales reconocieron que esas capacidades están sobreexigidas frente a una demanda que no cesa, y que persisten serias dificultades para completar los equipos con disciplinas críticas, como psicología, psiquiatría y trabajo social.

Lo que piden las provincias y lo que se discute en el Congreso

• Aumentar la inversión específica en salud mental, con partidas que acompañen el crecimiento real de la demanda.
• Ampliar la infraestructura y los recursos humanos, garantizando la llegada de profesionales a las zonas más postergadas.
• Asegurar el acceso a medicamentos psicotrópicos, un punto sensible por los costos que deben asumir las familias.
• Producir información epidemiológica nacional de calidad, algo que hoy se hace de manera fragmentada.
• Recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, hoy deteriorada por los recortes de fondos.

El informe fue presentado en el Senado en el marco del debate por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010. Las autoridades provinciales plantearon que la propuesta en discusión elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos. El debate promete extenderse y promete, también, sacarse de encima ese tono técnico que suele teñir estos temas cuando, en rigor, lo que está en juego es cómo vamos a cuidar a nuestros hijos, a nuestros padres y a nosotros mismos. Como Mariana, que sigue esperando con su hija en el pasillo, mientras el reloj corre y la lista sigue creciendo.