Procesan a Raúl Martins y le traban embargo por 300 millones de pesos por lavado de activos

La jueza federal María Servini resolvió el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins, de 77 años y exintegrante de la SIDE, por el delito de lavado de activos. En la misma decisión, la magistrada dispuso un embargo sobre los bienes del imputado por 300 millones de pesos, según consta en el expediente.

Una causa por explotación sexual y dinero en el circuito legal

El hecho ocurrió en el marco de una investigación que apunta a determinar si Martins intervino en operaciones destinadas a incorporar al circuito económico formal fondos obtenidos a través de la explotación sexual de mujeres. Servini caratuló la maniobra como lavado de activos y consideró que existen elementos suficientes para sostener el procesamiento.

El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, luego de una denuncia anónima recibida por el Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en un local situado en la avenida Juan B. Justo 5302, del barrio porteño de Villa General Mitre.

Según consta en el expediente, durante la indagatoria Martins optó por no responder preguntas y presentó un escrito en el que reclamó el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. En su descargo sostuvo que las 26 operaciones que le atribuyen –vinculadas con la adquisición de propiedades y la administración de sociedades– correspondían a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, y resultaban anteriores al período del delito de explotación sexual que la Justicia dio por acreditado, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014.

Además, afirmó que la condena previa por explotación sexual se limitaba al establecimiento de avenida Juan B. Justo 5302 y que, respecto de otros nueve locales, las acusaciones habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

El criterio de la jueza sobre las fechas de las operaciones

Servini rechazó la línea argumental de la defensa. Explicó que una sociedad creada antes del delito investigado puede ser utilizada con posterioridad para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, por lo que la fecha de constitución de las empresas no resulta, por sí sola, suficiente para descartar las maniobras investigadas.

La magistrada evaluó de manera conjunta la intervención de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la participación de familiares de Martins. En la resolución sostuvo que el imputado habría conservado el control efectivo de la estructura societaria aun cuando no figurara formalmente como beneficiario final.

La extradición desde México y el estado procesal

Martins había sido detenido en México en 2019 y su traslado a la Argentina, desde Cancún, quedó a cargo de autoridades de ese país. Tras su arribo, quedó a disposición del Juzgado a cargo de Servini, que ahora dictó el procesamiento con prisión preventiva y el embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos en el marco de la causa por lavado de activos.