Pandanés acumula un pasivo de 35.600 millones de pesos, no logró acordar con sus acreedores y la Justicia abrió un salvataje antes de declarar la quiebra

La cadena de panaderías Pandanés, que llegó a operar 25 sucursales en el área metropolitana de Buenos Aires, cerró la totalidad de sus locales y desvinculó a 150 empleados en el marco de una crisis que se profundizó desde octubre de 2025, cuando la empresa dejó de pagar a sus proveedores y comenzó a acumular una deuda que, actualizada, ronda los 35.600 millones de pesos, frente a aproximadamente 1.200 millones de pesos declarados al momento de presentar el concurso preventivo, según surge del expediente judicial al que tuvo acceso este medio.

De acuerdo con la documentación presentada por la propia compañía, el volumen de ventas cayó más de un 50% respecto del registrado en igual período del año anterior, una merma que la empresa atribuyó a la retracción del consumo y que se sumó a un alza constante de los costos fijos y variables, entre ellos los alquileres, la energía, los salarios actualizados por paritarias y el precio internacional de la harina, afectado por la suba de los granos en los mercados externos.

Una planta sobredimensionada y costos sin variación

En noviembre de 2022, cuando el negocio crecía, Pandanés había inaugurado una planta industrial de 1.778 metros cuadrados en el área metropolitana, dimensionada para abastecer hasta 50 locales propios, un número que nunca se alcanzó y que, tras los cierres sucesivos, dejó la capacidad instalada muy por encima de la necesaria, mientras los costos fijos continuaron pagándose como si la operación continuara en pleno funcionamiento.

Lise Lundme Funch, gerente de la firma, sostuvo en su presentación ante el juzgado que la combinación de esos factores provocó, en sus palabras, un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos, y detalló que la empresa intentó renegociar alquileres, cambiar proveedores y alcanzar acuerdos con el fisco para intentar revertir la situación, aunque finalmente esas medidas resultaron insuficientes para ordenar las cuentas.

La Justicia rechazó la quiebra y abrió el procedimiento de salvataje

El juez Pablo Frick, titular del Juzgado Comercial N.º 15, rechazó el pedido de quiebra solicitado por la propia empresa y, en función de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, ordenó la apertura de un registro por el plazo de cinco días para que acreedores, cooperativas de trabajadores u otros interesados puedan inscribirse y presentar propuestas de acuerdo preventivo o de adquisición de las cuotas sociales de la firma, una instancia que la legislación establece como paso previo a la declaración de quiebra cuando se cumplen los requisitos legales de procedencia.

Deuda con la obra social, la ART y el sindicato, y trabajadores despedidos por WhatsApp

La sindicatura designada en el expediente detectó, además, que la empresa no habría acreditado el pago de los aportes a la obra social del personal, a la ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) y al sindicato del ramo, situación que se agrega al cuadro de pasivos verificado y que podría derivar en reclamos administrativos y acciones judiciales específicas por parte de los organismos de la seguridad social y de la representación gremial.

En paralelo, los 150 trabajadores desvinculados relataron que la comunicación del despido llegó a través de mensajes de WhatsApp, que aún no recibieron los telegramas de despido formales previstos por la legislación laboral y que, en muchos casos, no pudieron retirar sus pertenencias de los locales ya cerrados, una situación que abre interrogantes sobre el encuadre legal de los distractos y sobre eventuales acciones por despido sin causa y falta de entrega de certificados laborales.

En lo inmediato, el desenlace depende de que algún acreedor o cooperativa de trabajadores concrete una propuesta de salvataje en el registro abierto por el juzgado y de que la empresa logre refinanciar un pasivo que se ha ido engrosando por la actualización de intereses, ya que si el precio del barril de crudo continuara elevado impactaría sobre el costo de los combustibles y de la logística de distribución, lo que agregaría presión sobre un flujo de fondos que, según la propia concursada, ya se encontraba deteriorado de manera irreversible al momento del cierre de los locales.