Certificar una discapacidad y empezar un tratamiento en Córdoba: un camino que puede llevar más de un año

Son las diez de la mañana y en la puerta de uno de los hospitales públicos de la ciudad de Córdoba ya hay varias familias haciendo fila con un número en la mano, un folder con estudios bajo el brazo y la misma pregunta que se repiten desde hace semanas: cuándo va a llegar el turno para la junta evaluadora. Acá, conseguir un turno para certificar una discapacidad, empezar una rehabilitación o retirar una prótesis puede transformarse en una carrera de paciencia que se mide en meses, y a veces en más de un año, según acaba de detallar un informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba presentado el pasado 5 de octubre.

El mapa de las esperas

El documento, elaborado a partir de entrevistas y grupos focales, describe un escenario que los propios protagonistas reconocen con crudeza. Para obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la ciudad de Córdoba cuenta con juntas evaluadoras en siete hospitales, dos de ellos pediátricos, donde las citas se otorgan con demoras de entre dos y tres meses. A ese primer paso se suman las consultas con los especialistas que deben expedirse antes de la evaluación, y que también registran plazos extensos.

“Las esperas van de cuatro a nueve meses para prótesis y medicamentos, y de nueve a catorce meses para poder ingresar a centros de rehabilitación.”Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto

Esos números, aclaró la Defensoría, describen situaciones relevadas en el informe y no permiten anticipar cuánto demorará cada trámite particular, porque los tiempos cambian según la obra social, el prestador y la zona de la provincia.

La economía familiar, golpeada en el bolsillo

Mientras tanto, las familias se arreglan como pueden. Una madre entrevistada en el relevamiento contó que, después de sostener durante unos dos años la atención por su cuenta, destina entre 150.000 y 180.000 pesos solo en sesiones, sin contar traslados ni apoyos escolares. El documento vuelve sobre un dato que en las reuniones focales apareció una y otra vez: la sobrecarga recae sobre las mujeres. Madres que achicaron su jornada laboral, que dejaron trabajos remunerados o que reorganizaron la vida entera alrededor de los turnos son una postal que se repite en los testimonios recogidos por la Defensoría.

• Trámites del CUD: esperas de 2 a 3 meses en hospitales pediátricos y demoras para acceder a especialistas.
• Prótesis y medicamentos: plazos de 4 a 9 meses según los casos relevados.
• Centros de rehabilitación: ingresos demorados entre 9 y 14 meses.
• Gastos de bolsillo: sesiones, traslados y apoyos escolares que las familias financian mientras esperan.
• Aranceles: entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, el nomenclador nacional subió 225% y la inflación acumulada fue del 336%.
• Transporte: la nafta súper aumentó 559% y el valor reconocido por kilómetro, 231%.

Prestadores ahogados y servicios que se achican

El informe no se queda en la mirada de las familias. También recoge lo que sucede del otro lado de la ventanilla. Los prestadores atraviesan atrasos de varios meses y, en algunos casos, de hasta un año en los pagos de obras sociales y programas estatales, en un contexto donde los costos de funcionamiento subieron muy por encima de los aranceles. El desfasaje entre inflación y nomenclador, más la brecha entre el precio de la nafta y lo que se reconoce por kilómetro recorrido, aparece en el documento como uno de los motivos por los cuales algunos servicios se vuelven difíciles de sostener. La Defensoría menciona instituciones que empezaron a recortar gastos de funcionamiento para no dejar de atender, una decisión que termina impactando, otra vez, en las personas que esperan.

En la vereda del hospital, Marcela, de 52 años, me resume lo que se escucha en las mesas donde se comparten números de teléfono, direcciones de profesionales y vouchers de pago: 'Nosotros no pedimos que nos solucionen todo de un día para el otro, pedimos que no nos dejen esperando mientras los meses pasan y la plata no alcanza'. La frase, que aparece repetida en los testimonios del informe, sintetiza lo que la Defensoría decidió poner sobre la mesa: un sistema que, en los papeles, garantiza derechos, pero que en la práctica obliga a las familias de Córdoba a transitar meses, y a veces más de un año, hasta poder ejercerlos.