AySA puso sobre la mesa una suba promedio del 22,6% para seis de cada diez hogares y abre la puerta a una audiencia pública

Vamos a los números. La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) elevó al Ente Regulador del Agua y Saneamiento (ERAS) un esquema de modificación de cargos que, según sus propios cálculos, afectaría de manera desigual a los usuarios residenciales del Área Metropolitana de Buenos Aires. La firma proyecta que un 60% de los hogares abonaría incrementos promedio del 22,6% en su factura, un 20% obtendría reducciones promedio del 14,7% y el porcentaje restante mantendría sin variantes el importe que paga cada mes. Se trata de estimaciones realizadas con valores de septiembre y antes de impuestos.

En términos agregados, la factura residencial promedio ponderada pasaría de 27.156 pesos a 30.250 pesos mensuales, lo que representa una variación del 11,4%. Esa cifra, aclaró la compañía, no equivale al ajuste que recibiría cada usuario en particular, dado que el impacto real dependerá de la zona de concesión, del tipo de inmueble y del consumo registrado. El nuevo cuadro tarifario se aplicaría mediante coeficientes zonales, con un tope de suba mensual acumulativo del 5% para los cargos modificados, de modo que el incremento total se distribuiría en etapas y no impactaría de golpe en un solo período.

Cómo se redistribuye el cuadro tarifario

La propuesta introduce cambios en la estructura misma de los coeficientes zonales, que son los factores que ponderan el valor de la tarifa según la ubicación y las características de la propiedad. En la actualidad existen once niveles; de aprobarse el esquema, se reducirían a cinco, lo que implicará movimientos de facturación para los hogares que queden reubicados entre segmentos. Adicionalmente, se plantea ajustar el valor del metro cúbico del servicio cloacal en el Radio Antiguo de la Ciudad de Buenos Aires para internalizar el cobro asociado a los desagües pluviales.

Otro punto sensible es el tratamiento de los usuarios sin medidor, es decir, aquellos a quienes se les factura por una estimación de consumo. AySA propuso revisar la forma en que se calcula la boleta de este segmento, lo que puede traducirse tanto en subas como en bajas dependiendo del caso. En paralelo, los hogares que salgan de los segmentos más económicos perderán en tres etapas mensuales el descuento adicional del 15% que hoy reciben por pertenecer a la franja de menor capacidad de pago.

El efecto fuera de los hogares

El rediseño no se limita al universo residencial. De acuerdo con la documentación presentada, los usuarios no residenciales —comercios, industrias e instituciones— enfrentarían en promedio una reducción del 2,2%: un 63% no experimentaría cambios, un 22% obtendría bajas y un 15% registraría subas. En tanto, los terrenos baldíos, categoría que históricamente goza de un cargo reducido, pasarían de pagar 17.822 pesos a 19.172 pesos mensuales, siempre sin impuestos, lo que equivale a un incremento del 7,6%.

• Usuarios residenciales con aumento: 60% del padrón, suba media del 22,6%.
• Usuarios residenciales con baja: 20% del padrón, reducción media del 14,7%.
• Usuarios residenciales sin cambios: 20% del padrón.
• Usuarios no residenciales: caída media del 2,2% (63% sin cambios, 22% con baja, 15% con suba).
• Terrenos baldíos: suba del 7,6%, de 17.822 a 19.172 pesos mensuales sin impuestos.

En lo que respecta a la ejecución, AySA planteó que los cargos modificados por los coeficientes zonales crecerán con un tope del 5% mensual acumulativo hasta alcanzar el monto definitivo previsto en la propuesta. De este modo, los hogares que reciban incrementos no abonarán la totalidad del nuevo valor en un solo ciclo de facturación, sino que lo harán de forma escalonada, mitigando parcialmente el impacto inicial en el presupuesto familiar.

Destino de los fondos y el rol de la audiencia pública

La empresa también propuso que el incremento de recaudación resultante del nuevo cuadro se vuelque al Programa de Tarifa Social, con el objetivo de ampliar su cobertura hacia sectores actualmente no alcanzados. El financiamiento de esa ampliación provendría, según la propia compañía, de la reasignación interna que generaría el reordenamiento tarifario, sin necesidad de aportes extraordinarios del Tesoro. Antes de emitir una resolución, el ERAS deberá considerar las observaciones que se presenten en una audiencia pública virtual: la inscripción quedará habilitada entre las 10 del 8 de octubre y las 10 del 24 de octubre, y los interesados podrán exponer sus planteos de forma remota.

Aunque las opiniones que allí se viertan no tendrán carácter vinculante, el organismo regulador estará obligado a expedirse sobre cada una: deberá detallar cuáles fueron incorporadas al análisis, cuáles rechazadas y, en este último caso, fundamentar los motivos del rechazo. La fecha para mirar, en consecuencia, es la del cierre del registro de participantes, el 24 de octubre, ya que ese hito marcará el inicio formal de la etapa de evaluación previa a una eventual aprobación del nuevo cuadro tarifario.